Absurdo: una nueva ley obligará a declarar los datos de las reservas de hotel de los asistentes ¡en 24h tras la firma del contrato!
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El Real decreto 933/2021 lleva tres años puesto sobre la mesa y entraba en vigor supuestamente en enero de 2023. Obliga a darte de alta en una plataforma del Ministerio del Interior y declarar los datos personales (incluyendo DNI, dirección, teléfono móvil, forma de pago, incluso sexo de la persona) de los asistentes a tu evento si organizas el alojamiento o coches de alquiler.
¿A quién afecta la ley?
Los que tienen que subir estos datos son los operadores turísticos que presten servicios de intermediación entre las empresas dedicadas al alquiler de vehículos y los consumidores (o empresas en caso de un evento profesional). Según el Ministerio del Interior, un operador turístico es cualquier persona o empresa que reciba una prestación financiera (del hotel –comisión– o del cliente) por realizar la reserva. Esto afecta, en nuestro sector a agencias de viaje DMC, obviamente, pero también a agencias de eventos, OPC, empresas de marketing, hasta empresas de publicidad u otros.
¿Qué problemas supone esta ley?
- Problema 1: desventaja competitiva. Sorprende que esta obligación se imponga a los actores españoles que gestionan grupos, pero no si se hace la reserva en su agencia extranjera (que no está obligada a subir los datos). Según destacan Spain DMC e IDEMICE, esto no solo genera una merma de negocio para las agencias nacionales, sino que deja un boquete enorme que contradice el propósito que se nos dice que es la razón por hacer esta normativa. España es el único país de la UE que solicita toda esta información. Una desventaja competitiva, e una incoherencia cuando el terrorista podrá escapar a este control tomando una agencia extranjera.
- Problema 2: la dificultad de tener estos datos. Como nos explica Fay Taylor, si un DMC acoge un grupo internacional para un incentivo dentro de un año y medio, obviamente no se conoce todavía la identidad de los participantes en el viaje…
- Problema 3: el reto de subir datos a la plataforma. CEAV, en reuniones previas con el Ministerio del Interior, ha informado que se pueden subir datos, aunque estén incompletos. Sin embargo, si no se comunican todos los datos la plataforma no permite pasar página. De forma más general, la subida de datos se hace contacto por contacto y faltan soluciones de importación masiva de toda una lista de participantes en un viaje.
- Problema 4: la privacidad. Para reservas de entidades jurídicas, se siguen pidiendo datos personales con hasta el número de pasaporte de una persona de contacto de la empresa. Las asociaciones destacaron que sus clientes están muy en contra de dar esta información, en un contexto de hipersensibilidad sobre el tratamiento de los datos.
Las asociaciones han conseguido parar la ley hasta el momento
CEAV y otras asociaciones de agencias han conseguido, tras muchas reuniones con el Ministerio y mucho trabajo, moratorias e incluso un borrador de orden ministerial donde se excluía al MICE de esta obligación. Ahora, de repente, el Ministerio dice que ese borrador nunca llegó a publicarse y que a partir del 1 de octubre la ley será efectiva para todos, sin exclusión posible. Desde CEAV no entienden esta situación y el trabajo perdido durante estos meses y piden que el Ministerio recapacite y se valore la incompatibilidad de esta ley con nuestro trabajo.