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Absurdo: una nueva ley obligará a declarar los datos de las reservas de hotel de los asistentes ¡en 24h tras la firma del contrato!

Absurdo: una nueva ley obligará a declarar los datos de las reservas de hotel de los asistentes ¡

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Paula Rey
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Seguro que te suena el Real decreto 933/2021 del que ya te hablamos hace tiempo y que obliga a darte de alta en una plataforma del Ministerio del Interior y declarar los datos personales (incluyendo DNI, dirección, teléfono móvil, forma de pago, incluso sexo de la persona) de todos los asistentes a tu evento si estás reservando alojamiento o alquiler de coche. Un proceso imposible cuando en la mayoría de los casos no conoces estos datos hasta muy cerca del día D. La ley entraba en vigor supuestamente ya en enero de 2023, pero CEAV, UNAV, ACAVE y otras asociaciones de agencias han conseguido moratorias e incluso un borrador de orden ministerial de octubre 2023 donde se excluía al MICE de esta obligación. Ahora, después de la última reunión fallida que tuvo lugar el 4 de julio, el Ministerio dice que ya no hay moratoria y que como nunca se publicó el borrador de órdenes ministeriales es como si no existiese, por lo que a partir del 1 de octubre la ley será efectiva para todos, sin exclusión posible. ¿Una vez más no entiende la administración cómo funciona nuestro sector?

El Real decreto 933/2021 lleva tres años puesto sobre la mesa y entraba en vigor supuestamente en enero de 2023. Obliga a darte de alta en una plataforma del Ministerio del Interior y declarar los datos personales (incluyendo DNI, dirección, teléfono móvil, forma de pago, incluso sexo de la persona) de los asistentes a tu evento si organizas el alojamiento o coches de alquiler. 

¿A quién afecta la ley? 

Los que tienen que subir estos datos son los operadores turísticos que presten servicios de intermediación entre las empresas dedicadas al alquiler de vehículos y los consumidores (o empresas en caso de un evento profesional). Según el Ministerio del Interior, un operador turístico es cualquier persona o empresa que reciba una prestación financiera (del hotel –comisión– o del cliente) por realizar la reserva. Esto afecta, en nuestro sector a agencias de viaje DMC, obviamente, pero también a agencias de eventos, OPC, empresas de marketing, hasta empresas de publicidad u otros.

¿Qué problemas supone esta ley? 

  • Problema 1: desventaja competitiva. Sorprende que esta obligación se imponga a los actores españoles que gestionan grupos, pero no si se hace la reserva en su agencia extranjera (que no está obligada a subir los datos). Según destacan Spain DMC e IDEMICE, esto no solo genera una merma de negocio para las agencias nacionales, sino que deja un boquete enorme que contradice el propósito que se nos dice que es la razón por hacer esta normativa. España es el único país de la UE que solicita toda esta información. Una desventaja competitiva, e una incoherencia cuando el terrorista podrá escapar a este control tomando una agencia extranjera. 
  • Problema 2: la dificultad de tener estos datos. Como nos explica Fay Taylor, si un DMC acoge un grupo internacional para un incentivo dentro de un año y medio, obviamente no se conoce todavía la identidad de los participantes en el viaje… 
  • Problema 3: el reto de subir datos a la plataforma. CEAV, en reuniones previas con el Ministerio del Interior, ha informado que se pueden subir datos, aunque estén incompletos. Sin embargo, si no se comunican todos los datos la plataforma no permite pasar página. De forma más general, la subida de datos se hace contacto por contacto y faltan soluciones de importación masiva de toda una lista de participantes en un viaje. 
  • Problema 4: la privacidad. Para reservas de entidades jurídicas, se siguen pidiendo datos personales con hasta el número de pasaporte de una persona de contacto de la empresa. Las asociaciones destacaron que sus clientes están muy en contra de dar esta información, en un contexto de hipersensibilidad sobre el tratamiento de los datos. 

Las asociaciones han conseguido parar la ley hasta el momento 

CEAV y otras asociaciones de agencias han conseguido, tras muchas reuniones con el Ministerio y mucho trabajo, moratorias e incluso un borrador de orden ministerial donde se excluía al MICE de esta obligación. Ahora, de repente, el Ministerio dice que ese borrador nunca llegó a publicarse y que a partir del 1 de octubre la ley será efectiva para todos, sin exclusión posible. Desde CEAV no entienden esta situación y el trabajo perdido durante estos meses y piden que el Ministerio recapacite y se valore la incompatibilidad de esta ley con nuestro trabajo.  

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