Preocupación por la fiscalización de la participación en congresos

El mundo médico ha expresado su preocupación con una idea central: el modelo actual permite asegurar una imprescindible formación continua a médicos cuyos salarios generalmente no permiten costearse estos momentos de formación. Fiscalizar esta financiación de la industria farmacéutica sin tener solución a este tema de la formación, es peligroso. 

Una obligación del Estado: facilitar la formación de los médicos. Farmaindustria se ha expresado con claridad al respecto. La asociación de laboratorios españoles recuerda que “la legislación sanitaria vigente en España (Ley de Ordenación de las Profesiones Sanitarias y Ley de Garantías y Uso Racional de Medicamentos y Productos Sanitarios) establece el derecho y la obligación de los profesionales sanitarios a la formación continuada para mantener sus conocimientos actualizados, y obliga a las administraciones públicas a promover la formación continuada y permanente sobre medicamentos, terapéutica y productos sanitarios de los profesionales sanitarios. Por otro lado, una adecuada formación continuada es esencial para asegurar la máxima calidad de la asistencia sanitaria, y son los pacientes los principales beneficiarios”. Y sigue: “En España, y ante la escasez de financiación pública para este propósito, una parte muy importante de la formación continua de los profesionales sanitarios ha sido sufragada tradicionalmente por los laboratorios farmacéuticos y por otros fabricantes y distribuidores de productos sanitarios”. Si el Estado no ayuda a pagar la formación continua de los médicos, que deje que los laboratorios asuman esta imprescindible inversión, sin fiscalizar. 

No solo son los laboratorios. Las sociedades médicas están preocupadas. La Sociedad Española de Cardiología ha publicado una declaración en la cual afirma “es responsabilidad del empleador, que, para el sistema nacional de salud, en donde trabajan la gran mayoría de los médicos en España, es la administración sanitaria (Gobierno de España-Ministerio de Sanidad, Comunidades Autónomas, Hospitales), el proporcionar los medios necesarios para promover dichas actividades formativas, tal y como recoge la Ley de garantías y uso racional del Medicamento”. La SEC destaca la baja inversión pública en esta formación y prosigue: “Los propios profesionales no pueden atender a estos gastos, debido al bajo nivel de salarios existentes en la sanidad pública española, en relación con los de otros países desarrollados de nuestro entorno”. 

Petición de rectificación. Farmaindustria ve “urgente instar a los grupos parlamentarios a hacer un cambio en la legislación que declare explícitamente como exentas de tributación en el IRPF estas transferencias de valor y elimine así cualquier incertidumbre sobre esta materia”. La SEC por su parte pide “a la Agencia Tributaria y al Ministerio de Hacienda la rectificación de esta medida injusta y nociva para los profesionales y para los pacientes”. De paso recuerda una discrepancia que tienen con Farmaiindustria: “exigimos a Farmaindustria que retire su imposición, unilateral y lesiva contra el derecho a la intimidad de los médicos, y como se ha visto, para la formación médica continuada, de este apartado de su código ético de publicación individualizada y nominal de aportaciones en gastos de formación”, haciendo referencia a la decisión por Farmaindustria que publicar todas las “transferencias de valor” es decir cualquier invitación a congresos y cursos… hasta el hecho de dar un bolígrafo a un médico en un simposio. 

Desde la publicación del (necesario) código deontológico de Farmaindustria hace más de una década, la inestabilidad crónica del mundo del congreso médico y la permanente espada de Damocles cansa, y la definición de normas estables se agradecería. Seguirá, sin duda…