Ley Martyn, legislación antiterrorista para eventos

2017 es un año que muchos querrían olvidar, ya que fe el año en el que tuvieron lugar los ataques terroristas en el Manchester Arena donde perdieron la vida 22 personas (y los ataques a la Rambla de Barcelona). Pese al dolor es importante recordar y mirar hacia el pasado ya que podemos aprender de él y mejorar. Este es el objetivo de la Ley Martyn (en honor a una de las víctimas del atentado), que entrará en vigor la próxima primavera en el Reino Unido y que tiene la misión de “mantener a las personas seguras y la protección contra los ataques terroristas”.

Ley Martyn: qué es y qué propone

Se trata de una legislación a nivel de país que afectará a espacios y lugares públicos, especialmente aquellos que lleven a cabo ‘actividades calificadas’ como: entretenimiento y ocio, comercio minorista, alimentos y bebidas, museos y galerías, campos deportivos, áreas públicas de edificios gubernamentales centrales y locales (como ayuntamientos), atracciones para visitantes, eventos temporales, lugares de culto, salud y educación. El objetivo es que estos espacios consideren la amenaza terrorista como real y que implementen medidas de mitigación apropiadas y proporcionadas y, en caso que se dé un nuevo ataque, sepan actuar en consecuencia.

Aplicación en el Reino Unido

Tal y como nos cuenta Pablo Garriz, presidente de ASELF (Asociación Española de Lucha Contra el Fuego) y experto en Seguridad Pública, el contexto geoestratégico de Reino Unido lo ha convertido en un punto de mira para las actividades delictivas y, especialmente las terroristas. Desde hace mucho tiempo, la sociedad británica tiene un nivel de concienciación y de sensibilidad hacia este tipo de ataques muy elevado. Este contexto, unido a las recientes presiones recibidas a raíz del atentado del Manchester Arena, ha hecho que las autoridades británicas entiendan que no solo deben tener medidas de autoprotección para la gestión y la prevención de riesgos (actos accidentales o no intencionados), sino que esas herramientas también son adecuadas para la gestión de las amenazas (actos intencionales).

Objetivos del terrorismo

Para entender por qué es necesaria una legislación que se centre en la actividad de los eventos, hay que entender que los actos terroristas lo que buscan es amplificar su mensaje y ganar visibilidad y, eso lo consiguen mediante:

• El ataque de elementos sensibles para la sociedad
• Situaciones donde haya medios de comunicación presentes
• Actividades donde pueda haber un gran número de personas afectadas

Estas tres premisas, por norma general, se dan en entornos que en España se denominan actividades de ‘pública concurrencia’ o ‘clasificadas’ (según el contexto), y en actividades que además son muchas veces de carácter eventual como: conciertos, partidos de fútbol, actividades religiosas (como procesiones) o culturales (como fiestas patronales). Tal y como explica Pablo, “estos actos se utilizan o se instrumentalizan para visibilizar otros conflictos”, por eso, es necesario tener y desarrollar una legislación que prevenga y enseñe a cómo actuar. 

Doble vertiente

Según Pablo, en nuestro sector existe una máxima, “el que genera el riesgo es el que tiene la obligación de gestionarlo”, sin embargo, en muchos casos los entes organizadores “no entienden que un evento les obliga a tomar medidas de prevención en materia de seguridad tanto para riesgos como amenazas”. Aquí es donde una ley como la Martyn pretende poner el foco, especialmente siendo conscientes que las vulnerabilidades en eventos pueden ser aprovechadas y explotadas para generar un daño. Por un lado, se trata de preparar la estructura para evitar dicho daño (por ejemplo, si algún responsable del evento ve una bolsa en un sitio donde no debería, tiene que tener la sensibilidad -y los reflejos entrenados- para avisar y actuar), pero cuando el daño se materializa, hay que saber cómo responder, y al final va a ser esa misma estructura la que responda.

Colaboración público-privada

Otro aspecto que Pablo destaca de la Ley Martyn es aprovechar las sinergias entre los recursos de seguridad públicos y los privados. Es importante que “la seguridad pública entienda, comprenda y comparta los esfuerzos que hace la parte de la organización”, ya que, los promotores y organizadores tienen la responsabilidad de gestionar su parte, pero deben contar con el apoyo y la colaboración de la otra parte. No sirve de nada que se detecte un artefacto sospechoso o se detenga a alguien si después no hay una respuesta por parte de los organismos públicos competentes.

Situación en España

Centrándonos en nuestro territorio, Pablo nos explica que tenemos un contexto geoestratégico que nos hace tener relaciones muy estrechas (y a veces no todo lo fluidas que deberían ser), con el norte de África, tenemos una vinculación estrecha e histórica con Latinoamérica y, somos un país europeo con muchas obligaciones en materia de seguridad nacional e internacional. “Esto nos genera unas situaciones de vulnerabilidad”, afirma Pablo. Aun así, hay una gran parte del tejido social que no es consciente de esta situación y “parece que con ETA el terrorismo haya acabado y no es así”. Es verdad que, en relación con el terrorismo yihadista, España es uno de los países con unos cuerpos y fuerzas de seguridad con mayor tasa de éxito en su prevención y control, pero esto no implica que los actores sociales (especialmente los que se encuentran en esos tres contextos y entornos antes mencionados) sean conscientes que son objetivos vulnerables.

Conclusiones

Todo esto nos lleva a la siguiente pregunta ¿Debería España tener una ‘Ley Martyn? ¿Tendría sentido teniendo en cuenta nuestro marco geoestratégico? Según Pablo, sí. Es cierto que en nuestro país existen dos leyes fundamentales que organizan la seguridad pública desde una visión puramente policial (una afecta a fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y otra que regula la seguridad ciudadana) y que también contamos con marco específico que regula la seguridad privada y la autoprotección (como parte del sistema de protección civil). Sin embargo, “tenemos diversas actividades que por su propia idiosincrasia, relevancia social y económica y sus vulnerabilidades concretas podrían encajar en la normativa que se desarrolla en Gran Bretaña y que, en el caso de España, no tienen una regulación específica desde el punto de vista de la amenaza y desde una perspectiva integral e integradora como esta ley propone”.