El (complejo) futuro del trabajo en el sector eventos (PARTE I)

Pere Albiñana, presidente de FIAVE

“La falta de una normativa específica y/o convenio hace que sea poco viable desarrollar la actividad”

La principal repercusión que tiene sobre nuestro sector, cuya actividad tiene una connotación altamente temporal, es la penalización en el contrato de corta duración. Este es el contrato que más se utiliza para desarrollar nuestra actividad. Si a esto le sumamos la “persecución” a los autónomos, también frecuentes en nuestro sector, por parte de la administración tratándolos como “falsos autónomos” con sus consecuentes sanciones a las empresas (como está pasando en Cataluña), le sumamos la fuga de personal tanto de perfil técnico como de producción por la parada de sector que ha supuesto la pandemia, se nos presenta un panorama muy complejo para afrontar los trabajos. Esto se ha puesto de manifiesto de forma clara del pasado verano a finales de noviembre, donde se ha apreciado un repunte de la actividad; la falta de personal cualificado ha sido el quebradero de cabeza de nuestras empresas. Apenas queda personal en sector.

El hecho de que nuestra actividad no esté tratada por su tipología y casuística (temporalidad elevada, horarios especiales, trabajo con matiz altamente “técnico-artístico”…) y la falta de una normativa específica y/o convenio que lo regularice (la mayoría de empresas están bajo el paraguas del convenio del Metal) hace que sea poco viable desarrollar la actividad con el cumplimiento al 100% de lo que demanda la administración, en gran parte por la “burocratización” que supone llevarlo a cabo. Sin una norma específica que se ajuste a nuestra actividad, la mayoría de nuestros trabajos no podrían de realizarse como están concebidos actualmente. Habría que estructurar milimétricamente el evento en toda su cadena, desde la creación en agencia hasta el montaje, desarrollo y cierre del evento, teniendo en cuenta por ejemplo las dobles jornadas de personal (no se pueden hacer jornadas en general de más de 8 horas) y aplicar el coste que esto supone a la producción. Esta circunstancia en el ámbito del evento público por ejemplo es una realidad, donde la creación de concursos no se ajustan a la realidad económica, hace imposible hacer un concierto con el mismo personal que ha montado por la mañana, ha realizado la pruebas por la tarde y hay la actuación por la noche, por ejemplo.

Carmen Centol, presidenta de ADEAZA y directora de ADI&CO

“Hay una falta de reconocimiento a nuestra aportación a la economía y al empleo que generamos”

Teniendo en cuenta la naturaleza y las características de nuestra actividad, la nueva reforma laboral es demoledora para nuestras empresas: los contratos temporales de duración inferior al mes llevan implícito un recargo de 26,55 € por persona contratada, y se limita la duración del contrato temporal, en una única modalidad posible, a 90 días al año. La pretensión de la administración es que utilicemos los contratos fijos discontinuos, y esto demuestra un total desconocimiento de los servicios que prestamos. Las empresas de personal de apoyo no sabemos con mucha antelación cuándo nos van a contratar, ni a cuántas personas, ni cuánto tiempo. Así como una falta de reconocimiento a nuestra aportación a la economía y al empleo que generamos, aun siendo temporal, pues somos una puerta de entrada para los jóvenes en el mercado laboral, adaptado en la mayoría de los casos a sus necesidades. Nuestros equipos están formados mayoritariamente por personas jóvenes, menores de 30 años, que compaginan sus estudios con trabajos temporales, y que no siempre están disponibles.

La reforma laboral pretende generar empleo fijo y proteger los derechos del trabajador, y eso no es negativo cuando hablamos de trabajos de larga duración, y el contrato temporal se ha venido utilizando en ocasiones de manera abusiva. La parte positiva es la aplicación del convenio sectorial en materia salarial de manera prioritaria, en lugar de los convenios de empresa. Esto permitirá que las empresas multiservicios o las multinacionales, que aplicaban su propio convenio empresarial, no puedan presentar sus ofertas por debajo de mercado ni participar en concursos públicos a unos precios tan bajos como hasta ahora, lo que hacía prácticamente inviable poder competir con nuestros costes salariales. Nuestro balance es negativo, tenemos que repercutir el recargo a nuestros clientes. Nos obliga a gravar unas tarifas cuyo aumento va a ir a las arcas del estado. No va a influir en el salario del trabajador ni en su cotización. Es como si nos multaran por trabajar bien.

César González, CEO en Somos Brand Experience Firm

“El incremento de las sanciones puede tener un impacto significativo”

El incremento de las sanciones puede tener un impacto significativo en empresas que tienen una importante estacionalidad (totalmente inestable en estos momentos), ya que la planificación de las necesidades de producción es difícil de determinar en el medio y largo plazo. Como aspectos positivos cabría señalar dos. El primero, es la regulación de los ERTES por causas de fuerza mayor y los ERTES por impedimento y limitación de actividades. Al principio de la pandemia estos ERTES no estaban contemplados en la legislación y se fueron legislando mediante decreto ley sin tener un reglamento claro. Esta situación inducía a muchos errores ya que los decretos se iban actualizando y no había un marco legal claro en el que basarse. En segundo lugar, se ha introducido el mecanismo RED a través del cual el gobierno en una situación macroeconómica desfavorable puede introducir de manera ágil mecanismos que permiten flexibilizar su coste de personal a través de reducciones de jornadas y suspensión de contratos.